Según cifras del informe de gestión del Comité Nacional del SIPIAV ( ), en 2015 se reportaron 1908 situaciones de maltrato que fueron atendidos en servicios de INAU, de las cuales un 21% correspondió a abuso sexual, las cuales eran un 75% ejercidas hacia niñas y en un 80% crónicas, con el impacto en la salud mental que esto genera.

Según datos del UNFPA (United Nations Population Fund), un 22.4% de las adolescentes uruguayas con dos o más necesidades básicas insatisfechas son madres, mientras que si las necesidades básicas son satisfechas esa cifra desciende a 3.6%.

Las tasas de embarazo adolescente en Uruguay superan a la media mundial. El 17% de las interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) realizadas en el período 2013 a 2014 fueron practicados en menores de 20 años, pero no se cuenta con datos desagregados de IVE en menores de 15. 

La actividad contó con exposiciones de la Dra. Magdalena García, psiquiatra pediatra, Adjunta de Salud Mental de ASSE y terapeuta EMDR, la Dra. Loreley García, Prof. Agregada de la Clínica Pediátrica B, y la Dra. Leticia Rieppi, ginecóloga dedicada a Infancia y Adolescencia. Además hubo un panel de expertas comentaristas conformado por la Dra. Alicia Deus, Doctora en Derecho y Ciencias Sociales con amplísima experiencia en la temática y consultora del SIPIAV y Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, la Lic. Andrea Tuana, Integrante de la ONG El Paso y representante de la Red Uruguaya de Lucha contra la Violencia Doméstica y Sexual y las Licenciadas Natalia Gómez y Mayra Gómez en representación del Comité Nacional del SIPIAV.

Se abordó la temática desde el impacto que genera el abuso sexual en la salud de niñas y adolescentes y la suma de un embarazo en este contexto, así como el efecto del daño psíquico en la capacidad de tomar decisiones válidas en cuanto a la continuidad o interrupción del embarazo.

Se trabajó sobre las posibles respuestas ante el embarazo infantil y adolescente forzado entendiéndolo como el producto de una violación o una relación sexual consentida pero en que la niña o adolescente no estaba en condiciones de consentir ya sea por su estado emocional o condiciones de coercibilidad, así como desconocimiento de las consecuencias o imposibilidad de prevenirlas, como es el caso del abuso sexual, explotación sexual, prácticas sociales discriminatorias que habilitan el embarazo precoz como son uniones de hecho o acordadas por familiares de la niña/adolescente, falta de acceso a educación sexual y métodos anticonceptivos y falta de acceso a aborto seguro.

Se concluyó que es necesario a postular algunos lineamientos generales para dar respuesta al problema del embarazo adolescente en este contexto como una manifestación de inequidad de género, desigualdades socioeconómicas y culturales así como de vulnerabilidad de derechos. Asimismo se planteó la necesidad de elevar la edad mínima para consentir relaciones sexuales en el Código Penal, que actualmente se establece en los 12 años.